¿Que los alumnos no alcanzan los contenidos?. Se rebajan.
¿Que los profesores no estudian para las oposiciones?. Se eliminan.
Puede que esa reflexión no haya sido la que nos ha llevado hasta aquí, pues la ley 20/2021 no está únicamente concebida para los docentes, pero no deja de ser revelador cómo el legislador trata de resolver los problemas que se le van presentando de la misma forma.
Y este es un proceder que, igual que sucede con los alumnos, difícilmente llevará a la Administración a proveerse de los mejores profesionales en la función pública, cuestión que necesariamente acabará repercutiendo en la calidad del servicio. Esa calidad que tanto dicen algunos defender.
Quien escribe estas palabras es más que consciente de la angustia e indefensión de muchos, cientos, miles de personas que ven frustradas sus expectativas de obtener hoy un puesto como funcionario de carrera. E igual de consciente soy que la mayor parte de ellos, además de la eventual vocación que puedan tener, lo que les atrae (me atrajo) eran las condiciones laborales que la Administración ofrece a quienes desarrollan el servicio público. Condiciones que se ven todavía mejoradas en educación.
Conozco también la fatiga de no encontrar información relacionada con el caso en concreto que afecta a cada uno de nosotros, pues las circunstancias dentro de todo el empleo público son incontables, pero únicamente voy a poder tratar el asunto de la estabilización de los interinos del Departament d’Ensenyament de Catalunya.
Por poner un contexto, durante el curso 22/23 en Cataluña habrá un proceso de estabilización por concurso excepcional de méritos con 12.859 plazas, y un concurso oposición extraordinario con 14.246 plazas más. Es decir, que algo más de 27.000 personas van a convertirse en funcionarios de carrera habiendo superado, en el mejor de los casos, un proceso de oposición concebido para ser superado por los más veteranos en la modalidad de interino.
La única explicación que después de cierto tiempo ha logrado en mi cabeza encajar todos los puntos es la de la pereza. Es posible que otros lo hayan llamado antes “acomodarse” y los análisis más sesudos hablarán de la pérdida en la cultura del esfuerzo y sacrificio. Y estoy también muy de acuerdo con esas reflexiones, pero trato siempre de reducirlo todo al mínimo común múltiplo en los factores sociales y, a partir de ello, voy elaborando una explicación superior.
¿Qué cómo he llegado a esa conclusión? Pues como ya harían antes muchos antropólogos: conviviendo con la muestra.
Seguro que muchos ya se están dando cuenta de algo que me va a acompañar todas las líneas. Sí, estoy sesgado por la evidencia de mis observaciones. Y es que en términos de normalidad el docente diremos que es acomodaticio, y el hecho de que haya intentado ubicar su trayectoria profesional en la educación ya debería darnos algún indicio de ello, pues no es habitual que un trabajo por cuenta ajena requiera de 24 horas semanales de presencia en el puesto. Eso es un reclamo. ¿Es un problema? No, por sí sólo no, pero sí podemos trazar una línea desde ese punto hasta los procesos de estabilización.
Voy a tratar de aclarar el párrafo anterior por lo duro que haya podido ser con el cuerpo, y es que incluso ese nivel de acomodamiento tiene su origen, siendo el desdén de la propia Administración en convocar ofertas de empleo público para ir supliéndolo con mayor flexibilidad a base de nombramientos de interinos. Y año tras año con el mismo proceder acaba dando al interino la falsa sensación de disponer la plaza en propiedad, ofreciendo el argumento más invocado por el colectivo que venía aprovechándose a título individual de la situación: el fraude de ley.
Sí, la Administración estaba cometiendo un fraude no convocando plazas estructurales, pero eran los interinos los principales beneficiados, ya que un ciudadano tenía por imposible ocupar la plaza de un interino si la OEP no se presentaba.
Evidentemente para muchísimos interinos esta no era una situación ideal, pues preferían competir para conseguir la tan ansiada estabilidad en ”igualdad” (y lo pongo entre muchas comillas porque llegado el recuento de méritos no hay igualdad que valga). Pero como ya he comentado anteriormente, aquí se está hablando en términos generales.
Los sindicatos, a la caza de subvenciones
Planteado el origen del problema en la dejación de la Administración, generando luego el conformismo en los docentes interinos, tocaba ahora buscar un arreglo que satisfaga a las dos partes. Tocaba añadir un nuevo actor que solucionara todo de forma fácil, clara, plausible y errónea. Tocaba llamar al sindicato.
No tardaron en hacer suyas las exigencias del colectivo, introduciendo una amalgama de conceptos que trataban de confundir la lucha de un sector de docentes provocada por la falta de OEP en una contienda por la calidad de la educación pública. Los sindicatos lograron, siempre para su propio interés, confundir esas dos cuestiones. Hacerse con el beneplácito de la opinión pública en el ámbito de la educación era más simple que el caldo de un hospital.
Sólo había que pulsar las teclas de: no a la mercantilización, no a los recortes, estabilización de plantillas, reducción de ratios, atención a la diversidad… Todos nos habremos dado cuenta de que, en un conjunto de peticiones más o menos aceptadas todas, se había añadido una pretensión que beneficia exclusivamente al colectivo de funcionarios interinos, todo ello canalizado por los sindicatos, ávidos de nuevos afiliados que paguen su cuota (y sin perjuicio de que por representatividad atraigan mayores subvenciones).
En mi humilde, sesgada y no solicitada opinión, quedaría así: El contribuyente asume con sus impuestos que los administradores de la cosa pública no cumplan con la ley no ofertando plazas de empleo público cuando existe la necesidad. Los docentes interinos, aprovechándose de la falta de procesos selectivos, ocupan puestos análogos en categoría a los funcionarios de carrera, generando la falsa sensación de estabilidad y amparándose en el fraude de ley para exigir mejoras.
Los sindicatos escuchan esas reclamaciones entendiendo que pueden obtener rédito a través de nuevos afiliados que pagaran sus cuotas, traerán nuevas subvenciones y otorgaran visibilidad a la organización.
Probablemente no he dicho nada que cualquiera con tres minutos y medio de reflexión no haya sido capaz de vislumbrar. Lo que es más hiriente desde dentro, y como funcionario de carrera con experiencia en el sector privado, es que funcionarios interinos con jornadas de 24 horas presenciales por semana, percibiendo su nómina cada 28 de mes, generando méritos por el simple hecho de ser y estar, cursando formaciones sin valor alguno (pero que sí dan puntos), exijan a la Administración un proceso sin pruebas de conocimiento para estabilizar su situación y no competir en “igualdad” de condiciones.
Mientras, fuera, hay quien queriendo prosperar en su vida dedica sus esfuerzos a un trabajo para poder cursar un máster online de 6.000€ que le permita compatibilizar ese empleo; personas que teniendo el máster deciden seguir trabajando en su empresa y estudiando por las tardes después de la oficina y deciden no dejarlo por miedo a perder la estabilidad; interinos que entraron en pandemia y que aprovechan las horas de guardia para sacar adelante la programación.
Y así podríamos poner cada uno de vuestros casos en esta lista. La lista de los perjudicados, siempre a favor de los interinos que más tiempo llevan en la función pública. Estos que pudiendo repasar en clase el temario de la oposición, apuntándose sólo a las formaciones que se valoran en el departamento, accediendo a programaciones como ejemplo para presentar la suya, con más tiempo para estudiar que cualquiera en el sector privado y, lo peor de todo, que están en uno de estos dos grupos: habiendo existido OEP se han presentado de forma reiterada, o habiendo existido OEP no se han presentado. Los dos existen y quien escribe esto no sabe qué es peor, si presentarse y suspender todas las veces no demostrando capacidad y siguiendo en el aula o ni siquiera presentarse a competir para, evidentemente, seguir en el aula.
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