Desde que empezó a gestarse este ataque directo al Estado Social y Democrático de Derecho y a los Derechos y Deberes Fundamentales de nuestra CE, a través de la redacción, elaboración y publicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes de reducción de la temporalidad en el empleo público, se ha estado jugando con un baile de cifras con demasiada frivolidad.
El señor Iceta, cuando era ministro de Hacienda y Función Pública, ya hablaba de que había que estabilizar a 300.000 personas. En el Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido al Congreso de los Diputados no aparece cifra alguna sobre el problema pese a que, el exministro lo cuantificó en las mencionadas 300.000 plazas. ¿De dónde obtuvo y cómo cuantificó esta cifra?. No lo sabemos.
Esta misma cifra fue ofrecida por la actual ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada en noviembre pasado previa a aprobar la Ley 20/2021.
¿De dónde sale esa cifra de 300.000 plazas?. Por parte de otros diputados se le preguntó a la ministra por la procedencia de esas 300.000 plazas y la ministra no lo explicó.
Estamos seguros de que el Gobierno es capaz de maquillar las cifras a su antojo y de que son capaces de sacarse de la manga, no 300.000 plazas, sino las que hagan falta a sus intereses partidistas y sindicalistas.
A la ministra le jugó una mala pasada el subconsciente, tal y como se demuestra en el vídeo anterior, y dijo en su comparecencia que había que estabilizar a 300.000 personas, acto seguido rectificó.
Lo grave de todo esto es que nadie sabe de donde salen esas 300.000 plazas y si se va a estabilizar a personas y no plazas por mucho que en la Ley 20/2021 se hable de plazas porque, por ejemplo, a un concurso de méritos no puede acceder cualquiera, sino que solo puede acceder aquel que tiene experiencia (interinidad) en el cuerpo de que se trate.
La frivolidad en el uso de las cifras es comprada por medios de comunicación en publicaciones a favor de estos procesos de estabilización y de la fijeza de los interinos.
Ya saben ustedes a que nos referimos, “hay 800.000 personas en Fraude de Ley en este país a los que hay que hacer fijos porque lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
¿Dónde están las 800.000 sentencias firmes en procedimientos judiciales independientes en las que se reconoce por un Juez o Magistrado ese supuesto Fraude de Ley a esas 800.000 personas?. No las busquen, no las encontrarán.
No debiera permitirse frivolizar y mentir sobre un problema tan grave como es este, porque puede sentar unos precedentes peligrosos para nuestros ciudadanos y para nuestra democracia. Pero sigamos hablando de cifras y de garantías.
Al amparo de la Ley 20/21 se han publicado los Reales Decretos 207/2022 del 12 de abril para los docentes no universitarios y del Real Decreto 408/2022 de 24 de mayo por el que se aprueba la OEP para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, así como el Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Al amparo de estos Reales Decretos, se han empezado a publicar en el boletines oficiales de las diferentes Comunidades Autónomas las OEP en las que se ofrecen la cantidad de plazas que van para los procesos de estabilización.
Abracadabra, mil plazas más en Andalucía
En Andalucía se ofertaron un número de plazas para estabilización de los docentes no universitarios (procesos ideados expresamente para los funcionarios interinos y de dudosa constitucionalidad), pero parece ser que, para algunos sindicatos, no eran suficientes el número de plazas que se ofertaban, por lo que esos sindicatos empezaron a presionar para que esa oferta fuera mayor. Y por arte de magia, de un día para otro, la Junta de Andalucía las aumentó en 1.000.
Lógicamente, muchos de nuestros compañeros opositores docentes se quedaron con la boca abierta y no entendían nada, por lo que empezaron a pedir explicaciones vía Ley de Transparencia y Buen Gobierno (LTBG) preguntando por la información de esas plazas y del resto.
La respuesta de la Junta de Andalucía a esas peticiones vía LTBG vendría a ser algo así como “esa información que nos pide requiere de unos cálculos complejos difíciles de realizar en estos momentos y no te damos esa información porque no nos da la gana y si no está usted de acuerdo ponga un recurso contencioso-administrativo”. Ahora sí, ahora los sindicatos estaban muy contentos.
¿Cómo es posible que la Junta de Andalucía oferte de un día para otro 1.000 plazas más para estabilización y desde la propia Junta de Andalucía se diga que esos cálculos son complejos y difíciles de llevar a cabo?. ¿Quién miente?. Nosotros lo tenemos claro.
Además de todo lo mencionado antes, existe un documento filtrado del Ministerio de Justicia donde reconoce que, «el actual sistema de gestión del personal interino no permite conocer cuántos interinos son de vacante y cuántos son de sustitución, sin tener que realizar un análisis individualizado de cada nombramiento, pues funcionarios interinos nombrados para cubrir vacantes pasan con frecuencia a cubrir sustituciones por diversos motivos (como IT, excedencia por cuidado de familiares, ocupación temporal de otro puesto en sustitución o en comisión de servicio, etc.) y viceversa«
Es decir, el Ministerio de Justicia no puede concretar que plazas deben ir a los procesos de estabilización, pero ¡oh sorpresa!, en algunas CCAA ya se están incluyendo esas plazas en Justicia para los procesos de estabilización.
¿Cómo es posible esto?. ¿Esas plazas que se ofertan se hacen al “tuntún”?. ¿Se dan cuenta ustedes opositores que les están engañando?. ¿Qué garantías tenemos de que el número de plazas que se están ofertando para los procesos de estabilización no están siendo infladas adrede por las administraciones con el beneplácito de los sindicatos por intereses partidistas y electoralistas?.
Desde la Asociación Defensa Turno Libre, animamos a que todas y todos los afectados pidan a través de los portales de transparencia de las diferentes AAPP información de por qué se ofertan ese número de plazas, información de donde salen esas plazas que se ofertan, información de todo tipo relacionada con las plazas que se ofertan.
No lo olviden ustedes, esa información es nuestra y deben dárnosla, esa información debe ser pública y debe estar al servicio de los ciudadanos. Esa explicación es suya, pídanla.
Hemos creado la Asociación Defensa Turno Libre para poner sentido común en toda esta barbarie que se está llevando a cabo. Llegaremos hasta donde haga falta, nos dejen y podamos.
Pueden ustedes hacer la guerra por su cuenta y les costará un dineral hacerlo o pueden ustedes sumarse a nuestro proyecto y aunar esfuerzos económicos entre todos para sufragar los gastos jurídicos de los procedimientos judiciales a los que, por desgracia, nos están empujando tanto los diferentes gobiernos central y autonómicos como los sindicatos mayoritarios que están colaborando en esta torticera toma de decisiones que va a afectar a cientos de miles de personas. De ustedes depende.
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